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El Guardián del Mar

Este es un espacio que Sigüenza & Carrascosa provee para las reflexiones sobre Estado de Derecho en la región. Aquí encontrarás data y opiniones de los miembros de nuestra firma y la red de asesores con la que contamos para entender América Latina desde una perspectiva jurídico política.

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El 17 de septiembre de 2026 entra en vigor el Decreto 15-2026 – Ley Integral para la Prevención y Represión del Lavado de Dinero u Otros Activos y del Financiamiento del Terrorismo, que introduce cambios relevantes no solo en materia de prevención y control, sino también en las obligaciones corporativas aplicables a las sociedades mercantiles en Guatemala.
Los controles de precios suelen presentarse como soluciones rápidas para aliviar el costo de bienes y servicios, especialmente en contextos donde existe presión por ofrecer respuestas inmediatas a los consumidores. Sin embargo, la experiencia internacional demuestra que estas medidas pueden generar efectos no deseados, como escasez, menor inversión y reducción de la calidad. Ante un entorno preelectoral en el que este tipo de propuestas tienden a ganar protagonismo, la inteligencia legislativa se convierte en una herramienta clave para anticipar riesgos regulatorios y proteger la sostenibilidad de los negocios.
Reflexiones sobre el nuevo paradigma de cumplimiento introducido por la Ley Integral para la Prevención y Represión del Lavado de Dinero u Otros Activos y del Financiamiento del Terrorismo.
El caso de los hospitales privados de Jalisco ofrece lecciones relevantes para la implementación de la Ley de Competencia en Guatemala.
Muchas empresas manejan descuentos y condiciones comerciales bajo una lógica informal: el cliente que más presiona obtiene mejores beneficios, incluso frente a compradores en condiciones similares. Con la entrada en vigencia de la nueva Ley de Competencia en Guatemala, esa práctica puede empezar a generar riesgos regulatorios. Este artículo analiza cómo las políticas de descuentos, rebates e incentivos comerciales pasarán a requerir criterios objetivos, trazabilidad y justificación económica bajo el nuevo régimen de competencia.
Reflexiones sobre la elección del Fiscal General y los retos para la nueva gestión del Ministerio Público
Sigüenza & Carrascosa ha fortalecido su estructura interna para responder al crecimiento del trabajo regulatorio y de competencia en la región. La firma reorganiza sus equipos en dos áreas clave: Análisis y Monitoreo Legislativo, liderada por Fátima Aldana, y Diseño Institucional y Competencia, dirigida por María Alejandra Barillas Gordillo.Este ajuste refuerza la especialización, el acompañamiento estratégico y la capacidad de traducir entornos regulatorios complejos en decisiones organizacionales claras para nuestros clientes.
Las Elecciones Generales de 2025 se desarrollan en un entorno donde convergen factores institucionales, económicos, sociales y geopolíticos, configurando un escenario de alta relevancia para el país y la región centroamericana.
El Congreso de la República aprobó de urgencia nacional el Decreto 27-2025, que contiene el Presupuesto General de Ingresos y Egresos del Estado para el Ejercicio Fiscal 2026, por un monto total de Q163,469,328,657.00.
El Decreto 21-2025 moderniza la Ley de Alianzas para el Desarrollo de Infraestructura Económica, ampliando su ámbito de aplicación, agilizando procesos y fortaleciendo la institucionalidad. La reforma elimina candados históricos, como la aprobación del Congreso de contratos, redefine fases y estudios obligatorios, reorganiza el financiamiento y garantiza la continuidad de los proyectos incluso en escenarios de disputa.
Durante el primer semestre de 2025, la Unión Europea ha avanzado en una agenda regulatoria marcada por la búsqueda de equilibrio entre sostenibilidad, competitividad económica, protección de derechos y simplificación normativa. A través de reformas ambiciosas y ajustes estratégicos, la Comisión Europea y el Parlamento han delineado nuevas prioridades que reflejan las presiones internas y externas que enfrenta el bloque. A continuación, se destacan las principales tendencias regulatorias que están configurando el panorama europeo actual.
En los primeros seis meses de 2025, el pulso legislativo en Centroamérica y el Caribe reveló contrastes marcados: desde mayorías que aceleran agendas hasta parlamentos fragmentados que frenan el debate. Energía, seguridad y gobernabilidad fueron ejes comunes bajo la lupa parlamentaria.
En Sigüenza y Carrascosa, creemos que la inteligencia artificial puede mejorar los procesos, pero nunca sustituir el criterio humano, la experiencia regulatoria ni la sensibilidad política que requiere nuestra práctica.
En muchos sectores económicos, las asociaciones empresariales —también conocidas como gremiales o cámaras— han sido piezas clave para estructurar el diálogo entre el sector privado y el Estado, estandarizar procesos, representar intereses comunes y generar cohesión en sectores productivos. La reciente aprobación de la Ley de Competencia en Guatemala ha abierto un nuevo contexto normativo que exige mayor atención al funcionamiento interno de las gremiales, especialmente en lo relacionado con el cumplimiento de las disposiciones que regulan la interacción entre competidores.
La aprobación de la Ley de Competencia en Guatemala, de urgencia nacional, es un ejemplo de que no por correr se llega al mejor destino. Producto de los múltiples dictámenes que tuvo la ley antes de su aprobación, se han identificado ciertas incongruencias en su contenido que podrían generar problemas en su aplicación. Estas inconsistencias, si bien son problemáticas, no hacen que la ley sea inejecutable en su totalidad, y existen mecanismos viables para corregirlas, si esto se hace con tiempo.
La aprobación de la Ley de Competencia en Guatemala vendrá con nuevos retos para las empresas que operan en el país. Su implementación podría implicar la necesidad de adoptar medidas de cumplimiento para prevenir conductas anticompetitivas y mitigar riesgos de investigaciones o sanciones. Aquí les traemos un resumen de los desafíos más significativos de compliance que podrían surgir frente a la nueva Ley de Competencia de Guatemala.
La aprobación de la Ley de Competencia en Guatemala marcó un hito significativo el año pasado. Este año que inicia su implementación, la cual se realizará en fases, será clave para lograr la adecuada estructuración de la Superintendencia de Competencia y su eventual aplicación. A continuación resaltamos algunos puntos que se deben tomar en cuenta en el proceso de su implementación para que sea efectivo.