El Guardián del Mar

Durante el primer semestre de 2025, la Unión Europea ha avanzado en una agenda regulatoria marcada por la búsqueda de equilibrio entre sostenibilidad, competitividad económica, protección de derechos y simplificación normativa. A través de reformas ambiciosas y ajustes estratégicos, la Comisión Europea y el Parlamento han delineado nuevas prioridades que reflejan las presiones internas y externas que enfrenta el bloque. A continuación, se destacan las principales tendencias regulatorias que están configurando el panorama europeo actual.

En los primeros seis meses de 2025, el pulso legislativo en Centroamérica y el Caribe reveló contrastes marcados: desde mayorías que aceleran agendas hasta parlamentos fragmentados que frenan el debate. Energía, seguridad y gobernabilidad fueron ejes comunes bajo la lupa parlamentaria.

En Sigüenza y Carrascosa, creemos que la inteligencia artificial puede mejorar los procesos, pero nunca sustituir el criterio humano, la experiencia regulatoria ni la sensibilidad política que requiere nuestra práctica.

En muchos sectores económicos, las asociaciones empresariales —también conocidas como gremiales o cámaras— han sido piezas clave para estructurar el diálogo entre el sector privado y el Estado, estandarizar procesos, representar intereses comunes y generar cohesión en sectores productivos. La reciente aprobación de la Ley de Competencia en Guatemala ha abierto un nuevo contexto normativo que exige mayor atención al funcionamiento interno de las gremiales, especialmente en lo relacionado con el cumplimiento de las disposiciones que regulan la interacción entre competidores.

La aprobación de la Ley de Competencia en Guatemala, de urgencia nacional, es un ejemplo de que no por correr se llega al mejor destino. Producto de los múltiples dictámenes que tuvo la ley antes de su aprobación, se han identificado ciertas incongruencias en su contenido que podrían generar problemas en su aplicación. Estas inconsistencias, si bien son problemáticas, no hacen que la ley sea inejecutable en su totalidad, y existen mecanismos viables para corregirlas, si esto se hace con tiempo.

La aprobación de la Ley de Competencia en Guatemala vendrá con nuevos retos para las empresas que operan en el país. Su implementación podría implicar la necesidad de adoptar medidas de cumplimiento para prevenir conductas anticompetitivas y mitigar riesgos de investigaciones o sanciones. Aquí les traemos un resumen de los desafíos más significativos de compliance que podrían surgir frente a la nueva Ley de Competencia de Guatemala.

La aprobación de la Ley de Competencia en Guatemala marcó un hito significativo el año pasado. Este año que inicia su implementación, la cual se realizará en fases, será clave para lograr la adecuada estructuración de la Superintendencia de Competencia y su eventual aplicación. A continuación resaltamos algunos puntos que se deben tomar en cuenta en el proceso de su implementación para que sea efectivo.

En Sigüenza y Carrascosa, entendemos que enfrentar estos cambios requiere una visión estratégica y conocimiento local, por lo mismo los invitamos a explorar estas dinámicas a profundidad en nuestra nueva edición especial de la revista anual, en la cual exploramos los avances legislativos más relevantes del 2024.

La deserción militar en Guatemala es una herida silenciosa que atraviesa las vidas de quienes, empujados por circunstancias extremas, abandonan las filas. Más allá de los números, cada desertor carga consigo una historia de miedo, soledad y abandono, con secuelas que impactan no solo su vida personal, sino también a sus familias y a la sociedad en general. Comprender este fenómeno es esencial para ofrecer respuestas humanas y estructurales, y construir una sociedad que no solo sancione, sino que también escuche y comprenda estas realidades invisibles.

Hoy, 9 de diciembre de 2024, se publicó en el Diario Oficial el decreto 32 – 2024 – Ley de Competencia, lo que significa que ya existe claridad sobre cuáles serán las fechas en que entrará en vigencia. En esta ley se incluyó un mecanismo de entrada en vigencia progresiva, lo que significa que no toda la ley empezará a ser aplicable desde el mismo día.

El 19 de noviembre del 2024 el Congreso de la República de Guatemala aprobó el Decreto 32-2024 – Ley de Competencia. La aprobación de este decreto, tras un prolongado proceso legislativo iniciado en 2016, crea un nuevo marco jurídico al que los agentes económicos tendrán que adaptarse. ¿Qué significa esto? Aquí te lo explicamos.

Guatemala’s proposed 2025 General Budget, at Q148,526 million, aims to drive economic growth with a focus on infrastructure and social development. Key concerns include fiscal sustainability, as over half of the budget goes to operational costs, and technical issues like inaccurate revenue projections. The budget is under review by Congress, with a final vote required by November 30, 2024.

In August 2024, Guatemalan President Bernardo Arévalo launched a nationwide initiative to draft a Water Law aimed at regulating and preserving the country’s water resources. The proposal will address deforestation, contamination, and overuse through consultations with local authorities, water users, and experts. Key priorities include ensuring equitable access to drinking water, balancing agricultural and industrial needs, and creating an independent regulatory authority. This effort seeks to establish a sustainable water management framework to safeguard Guatemala’s water resources for future generations.

Este análisis explora las ventajas de los Joint Ventures y las Alianzas Estratégicas en el sector de la construcción en Guatemala. Se destacan su flexibilidad, eficiencia en la gestión de recursos, y su relevancia en proyectos complejos, subrayando su impacto positivo en el desarrollo económico del país.

Durante la interpelación al Ministro de Gobernación realizada el 14 de agosto de este año, el diputado Luis Contreras presentó una moción para pausarla y discutir de urgencia la iniciativa 6403 de Ampliación Presupuestaria, basándose en un precedente legislativo de 2013. Esto generó debate sobre la legalidad de la acción. Mientras algunos diputados, apoyados en jurisprudencia de la Corte de Constitucionalidad (CC), defendieron que la suspensión es constitucional, otros la consideraron inconstitucional al contradecir el Artículo 166 de la Constitución y las reformas de 2016 de la Ley Orgánica del Organismo Legislativo (LOOL). Estos últimos planean llevar el asunto ante la CC para su resolución.

En una democracia, la transparencia en el proceso legislativo y en la toma de decisiones gubernamentales es fundamental para asegurar que los ciudadanos estén informados y puedan participar activamente en el control y la evaluación de sus representantes. La publicidad de estos actos no solo empodera a los ciudadanos, sino que también garantiza que las leyes sean resultado de un proceso abierto y democrático. Este artículo examina la importancia de la publicidad en la actividad legislativa del Congreso de la República de Guatemala y argumenta que la visibilidad de las iniciativas de ley, las discusiones parlamentarias y las votaciones es crucial para asegurar la certeza jurídica y la participación ciudadana.

As the extraordinary legislative period of the Congress of the Republic of Guatemala concludes, it becomes essential to delve into the workings of the Congress and the legislative significance of the ordinary legislative period that is about to start.

Nuestros socios fundandores, Maria Isabel Carrascosa y César Sigüenza fueron invitados por Guatemala Visible a un space en el que discutieron la importancia del cumplimiento de los plazos constitucionales.

Durante el periodo extraordinario la Comisión Permanente asume todas las funciones de la Junta Directiva.

Bienvenidos a la tercera entrega de nuestra serie dedicada a analizar la actividad de las autoridades de competencia en Centroamérica y América Latina. En esta ocasión, dirigimos nuestra mirada hacia Costa Rica, un país que ha emergido como un jugador clave en el escenario económico regional.