Nuestra socia fundadora, María Isabel Carrascosa, participó en el Conversatorio sobre Formalidad y competencia en Centroamérica: Una ruta de integración para combatir el comercio ilícito organizado por la Comisión de Defensa del Comercio Formal de la Cámara de Industria de Guatemala – CIG -.
Durante su participación destacó las formas en que la Ley de Competencia aprobada en noviembre del año pasado incluye herramientas que pueden ser útiles para combatir el comercio ilícito.
Esta ley contempla, además del control de prácticas anticompetitivas, una serie de facultades de promoción de la competencia (arts. 24 y 25) que pueden ser una herramienta de partida para combatir el comercio ilícito y la informalidad. Estas facultades, que incluyen las siguientes y además las cuáles pueden ampliarse mediante el reglamento de la ley, son:
1. Emitir opiniones sobre regulaciones, leyes o actuaciones estatales que afecten o fomenten la competencia.
La autoridad puede utilizar esta facultad para emitir opiniones consultivas sobre el impacto que tiene el contrabando y el comercio ilícito en la dinámica competitiva del país. Por ejemplo, puede señalar cómo ciertas omisiones regulatorias o debilidades institucionales fomentan un entorno donde el comercio ilegal prospera, desplazando a los agentes formales. Estas opiniones podrían dirigirse tanto al Congreso como al Ejecutivo para proponer ajustes legislativos que fortalezcan la fiscalización, control aduanero y formalización económica. Además, la autoridad puede advertir sobre los riesgos de regulaciones excesivamente complejas que, en lugar de fomentar la competencia, incentivan la informalidad.
2. Coordinar con otras instituciones públicas.
A través de esta función, la Superintendencia puede establecer canales de coordinación continua con la SAT, el Ministerio Público, aduanas, y otros entes de fiscalización, con el fin de mantenerse informada sobre el avance de las actividades ilícitas en sectores específicos. Esta comunicación es vital para que la autoridad pueda integrar la informalidad y el contrabando en sus análisis de mercado, identificar patrones de distorsión competitiva, y emitir recomendaciones conjuntas. Asimismo, puede colaborar en la construcción de sistemas de alertas tempranas y generar inteligencia económica compartida, posicionándose como un actor activo en la lucha interinstitucional contra el comercio ilegal.
3. Realizar estudios sectoriales.
Los estudios de mercado o sectoriales que realice la autoridad no deben limitarse a los actores formalmente registrados. Esta facultad permite diseñar metodologías que incluyan la dimensión de la economía informal y el comercio ilícito dentro del análisis competitivo. Por ejemplo, al estudiar el mercado de confecciones, puede incorporarse la cuota de mercado estimada de productos ingresados por contrabando, así como sus efectos sobre precios, márgenes, empleo formal y barreras de entrada. Este enfoque amplio permitirá evidenciar cómo el comercio ilícito impide el funcionamiento del libre mercado, genera exclusión y provoca pérdida de eficiencia económica.
4. Identificar barreras a la competencia y recomendar reformas.
La existencia de comercio ilícito muchas veces está relacionada con barreras legales, tributarias o regulatorias que elevan el costo de operar formalmente. La autoridad puede usar esta facultad para detectar qué normas o procedimientos administrativos generan incentivos para evadir la legalidad. Por ejemplo, trámites complejos para el registro sanitario, licencias comerciales costosas o sistemas aduaneros lentos pueden ser obstáculos que alimentan el contrabando. Al recomendar reformas, la Superintendencia puede proponer simplificaciones normativas, incentivos para la formalización, o ajustes a marcos regulatorios que actualmente favorecen la informalidad en detrimento de la competencia leal.
5. Fomentar y divulgar la libre competencia.
El combate al comercio ilícito requiere también una estrategia de educación y cambio cultural. Mediante esta facultad, la autoridad puede realizar campañas públicas, talleres y materiales de formación que expliquen cómo la competencia informal afecta el bienestar colectivo, reduce la inversión y mina el crecimiento económico. Además, puede trabajar con gremios y cámaras empresariales para promover códigos de conducta y buenas prácticas competitivas, así como generar conciencia sobre los beneficios de operar legalmente.
6. Emitir un informe anual ante el Congreso sobre barreras y reformas necesarias.
La Superintendencia está obligada a presentar un informe anual ante el Congreso, lo que representa una herramienta y oportunidad para visibilizar la relación entre comercio ilícito y distorsión de la competencia. A través de este informe, puede documentar los sectores más afectados, las políticas que podrían corregir estas distorsiones y las acciones que ha tomado —o que recomienda tomar— en materia legislativa o administrativa. Esto fortalece la rendición de cuentas y convierte a la Superintendencia en un referente técnico para la formulación de políticas públicas procompetencia.
Esto significa que la Superintendencia no debe limitarse a sancionar, sino que puede asumir un papel activo en la defensa del mercado y la articulación con otras instituciones (SAT, aduanas, Ministerio Público), promoviendo la formalidad y detectando distorsiones generadas por el comercio ilícito.
El contrabando, al introducir productos sin controles fiscales ni regulatorios, destruye la equidad en las condiciones de competencia. Los actores que usan estructuras ilegales pueden vender a precios más bajos, evitar impuestos, normas de calidad o laborales, expulsando a los competidores legales del mercado.
Esto genera competencia desleal, desincentivos a la inversión, evasión fiscal y debilitamiento del Estado.
La Ley de Competencia puede ayudar a revertir esta situación si la Superintendencia:
En este sentido, la Ley de Competencia puede verse como una herramienta para fortalecer el entorno de competencia leal, restaurar la confianza en las instituciones y facilitar la transición hacia la formalidad.
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