En Sigüenza y Carrascosa estamos convencidos que el derecho no solo trata de resolver disputas legales o asesorar en transacciones complejas. También tiene el propósito de abordar problemas estructurales, incluyendo aquellos que parecen invisibles. Hoy queremos hablar sobre un tema que rara vez ocupa titulares, pero que carga un peso monumental: las órdenes de captura por deserción militar y su impacto en los derechos humanos y sociales de las personas afectadas.
Los tribunales militares en Guatemala son una pieza singular dentro del sistema judicial. Diseñados para manejar cuestiones internas de las Fuerzas Armadas, como la disciplina y la deserción, sus decisiones han tenido repercusiones que trascienden lo militar, impactando derechos fundamentales como la libertad de locomoción y el acceso al empleo formal. Para muchas personas, estas órdenes de captura se han convertido en un obstáculo insuperable, confinándolas a una vida de temor y marginación.
Este problema no es abstracto. Durante el conflicto armado interno, el reclutamiento militar obligatorio fue una práctica común, a menudo ejercida de manera coercitiva en comunidades rurales y vulnerables. Estas prácticas han dejado un legado de implicaciones legales y sociales. Aquellos que desertaron, frecuentemente por razones de supervivencia, ahora enfrentan un limbo jurídico que les niega la posibilidad de rehacer sus vidas con plenitud (Comisión para el Esclarecimiento Histórico, 1999; Meléndez, 2016).
Tras la firma de los Acuerdos de Paz en 1996, se esperaba que las medidas de justicia transicional incluyeran mecanismos para abordar casos relacionados con el conflicto armado interno, entre ellos, situaciones como la deserción militar. A pesar de las intenciones de los Acuerdos, los esfuerzos se centraron en gran medida en la desmovilización y en otorgar amnistía para actos relacionados con el conflicto armado, particularmente para miembros de la guerrilla. En cambio, las cuestiones relacionadas con el ejército, como las órdenes de captura por deserción, quedaron relegadas, posiblemente debido a la prioridad de evitar tensiones con las fuerzas armadas, que seguían siendo una institución poderosa durante la transición (Comisión para el Esclarecimiento Histórico, 1999; Barrios, M., 2021; Carrillo, P., 2021; Solorzano, J., 2019).
La facultad de tener antecedentes penales y policiales limpios es un componente esencial del ejercicio pleno de la ciudadanía. Sin embargo, una orden de captura por deserción puede convertirlo en un lujo inalcanzable. Para muchos, esto significa la imposibilidad de acceder a empleos formales, ya que los controles de antecedentes se han convertido en un estándar en los procesos de contratación. En consecuencia, individuos capacitados son relegados al sector informal o excluidos del mercado laboral, perpetuando un ciclo de marginación (Jiménez, R., 2017; Ruiz, M., 2018).
Además, estas órdenes de captura representan una amenaza constante para la libertad de locomoción. La posibilidad de ser detenido en un control policial es un temor cotidiano para quienes cargan con esta carga legal. Esta restricción tácita de movimiento no solo limita la capacidad de trabajar o estudiar, sino que también genera un estado de ansiedad y vulnerabilidad que afecta la calidad de vida. En términos prácticos, estas personas viven bajo una constante «ley marcial personal» originada en un contexto de reclutamiento obligatorio y coercitivo (Paredes, G., 2019).
Desde una perspectiva jurídica, este escenario representa una contradicción con los principios fundamentales del derecho constitucional. En un estado de derecho, las medidas legales deben ser proporcionales y no pueden perpetuar castigos indefinidos que afectan derechos básicos. Sin embargo, en el caso de las órdenes de captura por deserción, el sistema legal parece haber olvidado esta máxima, dejando a miles de personas en un limbo jurídico que contraviene los valores democráticos (Barrios, M., 2021; Carrillo, P., 2021).
En nuestra oficina hemos asumido este desafío como parte de nuestra responsabilidad social. Recientemente tuvimos el honor de llevar el caso pro-bono de Johnatan, un hombre que vivió décadas bajo el peso de una orden de captura por deserción militar. Su historia comenzó con un reclutamiento forzado en su juventud y continuó con una vida de restricciones, miedo y exclusión. Luego de un proceso que duró casi un año, logramos demostrar que la acción penal iniciada en su contra había prescrito. Este resultado no solo le devolvió su libertad, sino también su dignidad. Sin embargo, lo que nos marcó más profundamente fue el recordatorio de que Johnatan no es el único. Su historia es también la de Ana, Lucía, María, José y miles de guatemaltecos más. Cada uno de ellos enfrenta diariamente las consecuencias de un sistema que no ha sabido cerrar las heridas del pasado y se encuentran atrapados entre un pasado impuesto y un presente que les niega oportunidades.
En Sigüenza y Carrascosa creemos que cada esfuerzo cuenta. Por eso decidimos compartir esta experiencia en nuestro blog. Abordar las órdenes de captura por deserción militar no es solo una cuestión legal, es un acto de justicia restaurativa que todos podemos promover. Cada no solo representa una victoria jurídica, sino también un paso hacia una Guatemala más equitativa. Y, en este cierre de año, un recordatorio de que el mejor regalo es la posibilidad de un nuevo comienzo.
FUENTES DE CONSULTA:
- Barrios, M. (2021). Derecho penal militar en Guatemala: Análisis histórico y jurídico. Editorial Jurídica Centroamericana.
- Carrillo, P. (2021). El conflicto armado interno y sus consecuencias legales. Universidad de San Carlos de Guatemala.
- Comisión para el Esclarecimiento Histórico. (1999). Guatemala: Memoria del silencio. Guatemala: Oficina de Servicios para Proyectos de las Naciones Unidas (UNOPS).
- Hayner, P. (2011). Unspeakable Truths: Transitional Justice and the Challenge of Truth Commissions. Routledge.
- Jiménez, R. (2017). Derechos laborales y antecedentes penales en el ámbito militar. Revista Jurídica de Centroamérica, 18(2), 34-49.
- Meléndez, A. (2016). Reclutamiento forzado durante el conflicto armado en Guatemala. Centro de Estudios Humanitarios.
- Paredes, G. (2019). Inseguridad jurídica y derechos fundamentales en el contexto postconflicto. Estudios Constitucionales, 45(1), 87-112.
- Ruiz, M. (2018). El impacto de los antecedentes penales en la empleabilidad: Análisis jurídico. Journal of Employment Law, 12(3), 78-95.
