El Organismo Judicial cerró el año enfrentándose a un conflicto de aplicación de leyes en el tiempo, debido a la reforma que el Congreso de la República aprobó al delito de financiamiento electoral ilícito. Por lo mismo todos los que están siendo sindicados y procesados por la comisión de este delito se encuentran en una posición delicada, pues mientras el Juzgado de Mayor Riesgo D argumenta que el nuevo delito de financiamiento electoral no registrado debe aplicarse al caso, pues la conducta delictiva es la misma que en el anterior delito, la defensa de los procesados y otros abogados son de la opinión de que la aplicación de dicho delito viola el principio de legalidad en materia penal.
Mientras tanto, en el Organismo Legislativo que se encontraba en receso, no trascendió la aprobación de ninguna iniciativa de ley. Sin embargo, los temas electorales siguieron discutiéndose, pues se leyeron en el Pleno dos iniciativas de ley del Tribunal Supremo Electoral: una que busca agilizar la aplicación del voto en el extranjero y otra que busca extender la vigencia de los DPIs que vencen en 2019 para que todos estos ciudadanos puedan votar.
En el Organismo Ejecutivo, trascendió que la PGN presentó una denuncia formal en contra de 3 magistrados de la Corte de Constitucionalidad por dictar resoluciones violatorias a la Constitución, iniciando así un enfrentamiento directo con dicha corte.
Por otro lado, la Comisión de Postulación para la elección del nuevo Contralor General de Cuentas concluyó con su trabajo y ya elaboró la nómina de 6 candidatos de los cuales tendrá que elegir el Congreso de la República.
