Durante febrero, el Organismo Legislativo retomó con normalidad la agenda legislativa, la cual sigue estando enfocada en mejorar la competitividad y desarrollo económico del país. Por su parte, se intentó aprobar la Ley de Competencia, pero todavía no existen acuerdos claros sobre esta entre las bancadas, por lo que la misma fue enviada de nuevo a la Comisión de Economía y Comercio Exterior.

También marcó este mes que la Corte de Constitucionalidad dictara una resolución en la cual pide que se reforme el delito de financiamiento electoral ilícito, ya que el segundo supuesto del mismo que sanciona las contribuciones anónimas o las no registradas en la contabilidad no tiene una pena establecida y además podría llegar a confundirse con una sanción administrativa.

En cuanto al proceso de elección de fiscal general, la Comisión de postulación concluyó con la recepción de expedientes. En total recibió 39, de los cuales solamente 25 cumplieron con todos los requisitos establecidos en la convocatoria.