Informe Político – Octubre

La crisis provocada por el COVID-19, además de ser un reto para la comunidad médica,  ha sido un reto para el mercado y la estabilidad jurídica de los Estados. Durante el tiempo de pandemia, con el objetivo de mitigar los daños que esta pueda provocar, los Estados han tomado la decisión de emitir regulaciones a través de distintos instrumentos legales, como reglamentos, leyes, decretos y acuerdos. Incluso, resalta que muchos han acudido a los estados de excepción o emergencia, para limitar algunas libertades individuales, con el fin de  frenar la propagación de el coronavirus.

El Organismo Judicial cerró el año enfrentándose a un conflicto de aplicación de leyes en el tiempo, debido a la reforma que el Congreso de la República aprobó al delito de financiamiento electoral ilícito. Por lo mismo todos los que están siendo sindicados y procesados por la comisión de este delito se encuentran en una posición delicada, pues mientras el Juzgado de Mayor Riesgo D argumenta que el nuevo delito de financiamiento electoral no registrado debe aplicarse al caso, pues la conducta delictiva es la misma que en el anterior delito, la defensa de los procesados y otros abogados son de la opinión de que la aplicación de dicho delito viola el principio de legalidad en materia penal.Mientras tanto, en el Organismo Legislativo que se encontraba en receso, no trascendió la aprobación de ninguna iniciativa de ley. Sin embargo, los temas electorales siguieron discutiéndose, pues se leyeron en el Pleno dos iniciativas de ley del Tribunal Supremo Electoral: una que busca agilizar la aplicación del voto en el extranjero y otra que busca extender la vigencia de los DPIs que vencen en 2019 para que todos estos ciudadanos puedan votar.Si quieres conocer el informe completo, haz click acá.