Publicación en elPeriodico

En febrero se registraron varios eventos en los organismos del Estado que podrían afectar el escenario político del país, así como que tendrán consecuencias que se reflejarán en el proceso electoral. La Corte Suprema de Justicia conoció dos solicitudes de antejuicio en contra de dos candidatos a presidente; mientras que la Corte de Constitucionalidad decidió amparar provisionalmente a la diputada Nineth Montenegro por la solicitud de antejuicio que se había dictado con lugar en su contra. En el Organismo Legislativo las actividades legislativas continúan avanzando lentamente, pues de la agenda pendiente únicamente logró aprobarse el Préstamo Crecer Sano que será invertido en programas de nutrición. Además la interpelación al Ministro de Desarrollo Social ha mantenido estancadas las sesiones plenarias que se convocan. Cabe resaltar que para el próximo proceso electoral, la Comisión de Legislación y Puntos Constitucionales analiza iniciativas de ley que buscan ampliar la vigencia de los DPIs próximos a vencer, para garantizar que todos los ciudadanos inscritos puedan votar. Para leer el informe completo, haga click acá.

La crisis provocada por el COVID-19, además de ser un reto para la comunidad médica,  ha sido un reto para el mercado y la estabilidad jurídica de los Estados. Durante el tiempo de pandemia, con el objetivo de mitigar los daños que esta pueda provocar, los Estados han tomado la decisión de emitir regulaciones a través de distintos instrumentos legales, como reglamentos, leyes, decretos y acuerdos. Incluso, resalta que muchos han acudido a los estados de excepción o emergencia, para limitar algunas libertades individuales, con el fin de  frenar la propagación de el coronavirus.