Mi profesor de derecho comparado decía que, gracias a la globalización, había ciertas instituciones jurídicas que estaban en “las estanterías” del supermercado jurídico. Estas son las instituciones cajoneras o aquellos modelos que han ganado el prestigio suficiente en el tiempo como para considerarse en lista de los “musts” legales.
Definitivamente la división tripartita del estado (Poder Legislativo, Poder Ejecutivo y Poder Judicial) son uno de esos productos jurídicos legales necesarios para considerar que existe Estado Derecho (otra de esta misma categoría). Ambos, estado de derecho y la división tripartita, son indiscutiblemente productos del desarrollo jurídico occidental. Dentro de estos sistemas jurídicos profesionales es evidente que los tres poderes se han desarrollado con grandes diferencias. La tradición jurídica anglosajona es líder en cuanto a la independencia judicial, porque históricamente el derecho del common law es un derecho creado por jueces. Pero la tradición civilista también tiene un legado importante para el mundo de los jueces, la tradición alemana sobretodo ha tenido gran influencia en eso que hoy consideramos como independencia judicial.
Como mencionaba al principio, la globalización en materia jurídica implica la adopción de instituciones que se han desarrollado y probado ser beneficiosas en otros sistemas jurídicos. Sin embargo, la creación de un sistema judicial independiente no ha mostrado ser fácil en sistemas jurídicos en donde la política o la tradición suelen ser factores más importantes en la determinación de aquello considerado justo o injusto.
En estados autoritarios como es el caso de China, Rusia o Cuba no extraña que el poder judicial no sea independiente, pero en otras democracias como Polonia o Israel pareciera que hay un retroceso peligroso en cuanto al diseño de las normas que protegen la independencia judicial. América Latina ha invertido durante las últimas décadas muchísimos recursos en el fortalecimiento del poder judicial, en algunos casos con más éxito que en otros.
Este año, Guatemala cumple en octubre 4 años de no contar con una Corte Suprema de Justicia electa. Además, estamos en un enredo procedimental debido a que la Corte de Constitucionalidad emitió una sentencia que establece un procedimiento de elección que el Congreso nunca llevó a cabo. Ahora, muchos se preguntan si es posible que el congreso saliente deje electas a la cortes, cuestión que es posible pero sin cumplir la sentencia de la Corte de Constitucionalidad, pues el mecanismo que esta dejó lo hace imposible en términos de tiempo. De no elegirse cortes este año, la siguiente pregunta es si se puede o no integrar una nueva comisión y comenzar con el proceso nuevo para 2024, es decir cómo disolver la comisión anterior. Estas son preguntas sin respuesta en ley, en donde los actores políticos pareciera que tienen que reaccionar para salvar o debilitar la institucionalidad del poder judicial. Estos últimos seis meses de la Legislatura guatemalteca nos darán luces.
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