Los controles de precios suelen presentarse como soluciones rápidas para aliviar el costo de bienes y servicios, especialmente en contextos donde existe presión por ofrecer respuestas inmediatas a los consumidores. Sin embargo, la experiencia internacional demuestra que estas medidas pueden generar efectos no deseados, como escasez, menor inversión y reducción de la calidad. Ante un entorno preelectoral en el que este tipo de propuestas tienden a ganar protagonismo, la inteligencia legislativa se convierte en una herramienta clave para anticipar riesgos regulatorios y proteger la sostenibilidad de los negocios.