Informe Político Septiembre 2019

A pesar de que el mandato de la CICIG ya culminó, esta comisión continúa siendo objeto de discusión en el Organismo Legislativo y Ejecutivo ya que ambos organismos  se encuentra implementando mecanismos para evaluar la legalidad de las actuaciones de la CICIG durante su gestión.  Asimismo, se conocen los resultados del censo elaborado en el año 2018. Si deseas conocer más sobre estos sucesos, haz click acá.

A pesar de que el mandato de la CICIG ya culminó, esta comisión continúa siendo objeto de discusión en el Organismo Legislativo y Ejecutivo ya que ambos organismos  se encuentra implementando mecanismos para evaluar la legalidad de las actuaciones de la CICIG durante su gestión.  Asimismo, se conocen los resultados del censo elaborado en el año 2018.

Informe Político – Septiembre 2019

Compartir publicación

Escrito por:

Directora de Competencia y Diseño Institucional

Otras publicaciones:

En muchos sectores económicos, las asociaciones empresariales —también conocidas como gremiales o cámaras— han sido piezas clave para estructurar el diálogo entre el sector privado y el Estado, estandarizar procesos, representar intereses comunes y generar cohesión en sectores productivos. La reciente aprobación de la Ley de Competencia en Guatemala ha abierto un nuevo contexto normativo que exige mayor atención al funcionamiento interno de las gremiales, especialmente en lo relacionado con el cumplimiento de las disposiciones que regulan la interacción entre competidores.
En Guatemala el Congreso de la República el 31 de julio prorrogó por treinta días más el plazo de vigencia del Estado de Calamidad por la pandemia de COVID-19. Actualmente, el Congreso se encuentra en su periodo extraordinario de sesiones e iniciará su segundo periodo de sesiones ordinarias el 1 de agosto de 2020, por lo que actualmente no ha habido mayor movimiento en el Congreso de la República. Por otra parte, los enfrentamientos entre la Corte de Constitucionalidad y la Corte Suprema de Justicia continuaron, ya que el 26 de julio la Corte de Constitucionalidad dictó sentencia amparando a los magistrados de la misma corte y reiteraron la improcedencia de antejuicio en contra de ciertos magistrados de la Corte de Constitucionalidad, posteriormente el 31 de julio la Corte Suprema de Justicia, a través de un comunicado manifestó que no acataría la sentencia de la Corte de Constitucionalidad.