Categoría: Instituciones y Gobernanza

Nuestra socia fundadora y miembro de la Sociedad de Plumas, María Isabel Carrascosa, publicó un artículo denominado “Deliberación Ciudadana” el 13 de junio de 2022 en el Periódico, el cual resalta la relevancia del proceso de creación de leyes y la importancia de la participación ciudadana en el proceso legislativo a través de las audiencias públicas.

Acaba de concluir en Guatemala el proceso para elegir al jefe del Ministerio Público y fiscal general de la República. Este nombramiento se desarrolló después de un largo proceso de análisis de los aspirantes llevado a cabo por una comisión de postulación. Si bien se busca a través de estos procesos garantizar objetividad en el nombramiento de este funcionario público, no hay que dejar de reconocer que mediante estos procesos se asigna a una persona específica una cuota del poder público, lo cual hace que este sea un proceso político, por naturaleza. Sin embargo, esto de ninguna forma implica que sea correcto hacer el nombramiento de forma arbitraria.

Ante la aprobación por parte del Congreso del decreto 18-2022 “Ley de Protección de la Vida y la Familia”, el Archivo del mismo a solicitud del Presidente, por medio del Acuerdo 6-2022 y el descontento social de activistas, abogados y ciudadanos por ser la normativa violatoria del principio de legalidad en materia penal, debido proceso y salud de la mujer, es menester reflexionar sobre la Seguridad Jurídica y su rol en el Estado de Derecho.

Nuestro socio fundador, el licenciado César Sigüenza, participó como expositor en el conversatorio: Importancia de la elección de Fiscal General en Guatemala, junto con la licenciada Mariana Rohrmoser y el licenciado Andy Javalois, organizado por Juristas por Guatemala. En su participación, el licenciado Sigüenza hizo énfasis en la importancia de los poderes contralores que actúan de forma transversal sobre los 3 poderes del Estado, pues son estos los que garantizan el imperio de la ley y la separación de funciones, entre ellas el Ministerio Público

En la agenda de las primeras sesiones plenarias del año 2022 se incluyó para su aprobación en segundo debate la iniciativa de Ley de Teletrabajo. Esta iniciativa de ley surgió en el año 2020, en el contexto de la pandemia de covid-19 y la necesidad que hubo en muchos centros de trabajo de modificar sus formas de trabajo, con el fin de reducir los contagios.

El día 13 de enero de 2021, la Corte de Constitucionalidad llevó a cabo Audiencia Pública en la que emitió su pronunciamiento sobre las Opiniones Consultivas solicitadas por el Presidente de la República, Alejandro Giammattei. Los temas principales abordados por las Opiniones Consultivas fueron: Las citaciones de los funcionarios por las Comisiones de trabajo, Opinión Consultiva identificada con el expediente 6247-2021; La irresponsabilidad en la emisión de opinión de los diputados, Opinión Consultiva identificada con el expediente 6248-2021; y Las interpelaciones a los Ministros, Opinión Consultiva identificada con el expediente 6250-2021.

La Asociación de Investigación y Estudios Sociales –ASIES– en los países del triángulo norte (Guatemala, Honduras y El Salvador) realizó un estudio para obtener una conclusión que permita observar la relación de la gobernabilidad en estos países y su relación con las medidas tomadas por cada uno de los estados a raíz de la crisis generada por la pandemia COVID-19. Específicamente, uno de los parámetros evaluados dentro de este estudio fue la “justicia”. Para analizar esto, nuestra socia fundadora y abogada comparativista, María Isabel, expuso cómo se utilizó el derecho comparado como una herramienta metodológica para realizar el examen del funcionamiento en los respectivos órganos de cada Estado.

Desde principios de 1931, con la publicación de autores como Carl Schmitt y Hans Kelsen nos preguntamos: ¿quién debe ser el guardián de la Constitución? En este respecto, cada uno de los Estados ha tenido la difícil tarea de determinar a qué tipo de órgano encargará esta función esencial de un Estado de Derecho.

Nuestra socia fundadora, María Isabel Carrascosa, participó el 8 de febrero en un evento organizado por el US-Guatemala Business Council. El tema principal del evento era discutir acerca del proceso de elección de magistrados y las condiciones de la magistratura. Asimismo, fue tema puntual de la discusión las implicaciones futuras generadas por la elección de los magistrados que conforman la Corte y el rol que actores externos tienen en el proceso. A continuación, podrán leer un extracto de su participación en el evento

El lunes 10 de noviembre, Martín Vizcarra, el ahora ex-presidente de Perú, fue removido de su puesto. El Congreso de Perú aprobó con 105 votos a favor, 19 en contra y 4 abstenciones, una moción tenía como objetivo declarar la permanente incapacidad moral del Presidente. La declaratoria de incapacidad del Presidente por parte del poder legislativo no es un mecanismo único de la República de Perú. también está regulado en El Salvador, Ecuador y Venezuela. En Guatemala, el procedimiento más análogo a los mencionados anteriormente se encuentra previsto en el artículo 165 de la Constitución, en el cual enuncia que es atribución del Congreso de la República “i) Declarar, con el voto de las dos terceras partes del número total de diputados del Congreso, la incapacidad física o mental del Presidente de la República para el ejercicio del cargo.